“EL JUZGAMIENTO DE ESTOS CRÍMENES DEBE APORTAR A QUE NO SE REPITAN DELITOS DE ESTAS CARACTERÍSTICAS EN NUESTRA DEMOCRACIA”

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El fiscal Diego Vigay, integrante de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, repasó los fundamentos para que este juzgamiento tenga el formato de juicio por la verdad, las pruebas reunidas y las responsabilidades que se imputarán, aunque sea un hecho ocurrido hace casi cien años.
La masacre de Napalpí fue perpetrada un 19 de julio de 1924 contra integrantes de los pueblos qom y mocoví y paisanos de esa localidad del centro de la provincia, provocando la muerte a alrededor de 500 personas por parte de la policía y el Ejército en aquél episodio. El próximo 19 de abril, en la Casa de las Culturas de Resistencia, será la audiencia de apertura del juicio por la verdad abordar, formato con que se juzgarán los crímenes perpetrados por el Estado.
El fiscal ad hoc de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay, reveló en declaraciones a Radio Provincia que, además del público que estará presente en los auditorios donde se desarrollarán las audiencias del juicio, se propuso que el juicio sea transmitido a través de las redes sociales. “Una de las cuestiones centrales del porqué de este tipo de juicios tiene que ver con el principio de la no repetición, es decir, que el juzgamiento de estos crímenes aporte a que no se repitan delitos de estas características en nuestra democracia. Que asista toda la comunidad es muy importante para cumplir con ese principio”, subrayó.
El fiscal recordó que en 2014 se inició de oficio la investigación en el plano penal, en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia. “Se tomó testimonio al sobreviviente Pedro Valquinta, el único con vida en esos momentos. Se centró la investigación en la recopilación de información de los testimonios de sobrevivientes, en recabar la opinión -si existieran registros- de Melitona Enrique y Rosa Chará. Por suerte se pudo obtener sus voces y estarán en el juicio. También de Rosa Grillo cuando fue descubierta. Y de hijos y nietos de sobrevivientes que, por la tradición del relato oral en las comunidades indígenas, es como si hablaran en primera persona sus mayores siendo sobrevivientes de la masacre”, repasó.
Por otro lado, Vigay mencionó una serie de documentos históricos que fueron requeridos a organismos públicos provinciales y nacionales: “Se tomaron con mucha responsabilidad la búsqueda, durante meses, armando equipos de trabajo como el Archivo General de la Nación, buscaron y encontraron los documentos, los sistematizaron y los mandaron”, ponderó.
A la vez, recordó que la Masacre de Napalpí tiene “30 investigaciones históricas, sociológicas, antropológicas y periodísticas que se han realizado desde los años ’60, y que se sumaron a la investigación”.
¿Por qué un juicio por la verdad?
El fiscal precisó que “la idea del juicio por la verdad es poder reproducir toda esa información de manera oral y pública, como en cualquier juicio de lesa humanidad de crímenes de la última dictadura militar; teniendo el mismo estándar de juzgamiento aquellos crímenes que en este caso una masacre genocida indígena, más allá del tiempo transcurrido, porque la responsabilidad del Estado nacional es la misma y el derecho a la verdad de las víctimas es el mismo, igual que las posibilidades de reparación”.
Destacó que este tipo de juicios por la verdad, en el marco del proceso que lleva adelante Argentina, con juzgamientos por genocidios indígenas, no tiene antecedentes en Argentina. “Hubo casos de demandas civiles con sentencias favorables, como la masacre de Rincón Bomba, en territorio nacional de Formosa, en 1947, y en la masacre de Napalpí”, mencionó.
“Por la información que tenemos, no existen otros casos de juzgamiento en un formato de juicio por la verdad como crimen de lesa humanidad de otra masacre indígena en toda Latinoamérica. Existieron instancias de investigación y de reparación, pero no un juicio de estas características por lo cual argentina es reconocida a nivel mundial”, sostuvo Vigay.
“El antecedente para que hoy se realice un juicio por la verdad, por la masacre de Napalpí, son los juicios por la verdad que se llevaron adelante en los años 90, cuando existían las leyes de punto final y obediencia debida, y los responsables del Ejército Argentino y de la Policía del Chaco no podían ser sentados en el banquillo de los acusados. Entonces, se llevaron adelante instancias de juicio por la verdad en la provincia y en distintos puntos del país. En este caso, los responsables no pueden estar en el banquillo de los acusados por haber fallecido, pero los antecedentes jurisprudenciales imprescindibles para avanzar con este juicio están en los juicios por la verdad de los años 90”, expuso el fiscal.
Dijo en esa línea que “la masacre de Rincón Bomba es una investigación llevada en el plano penal, al haber existido un responsable con vida, que era el piloto del avión, quien había sido procesado e indagado, se estaba elevando la causa a juicio y se iba a hacer un juicio ordinario con un imputado vivo, pero lamentablemente falleció. Ahora tienen todas las pruebas para poder ser reproducidas en un juicio por la verdad”.
Además, reveló que se está iniciando una demanda penal, con el reclamo de juicio por la verdad, por la masacre indígena de San Antonio de Obligado, en el norte de Santa Fe.
Responsabilidades
En otro punto, Vigay reveló: “En la Fiscalía hemos hecho una reconstrucción de las responsabilidades del presidente de la Nación, del interventor federal de la provincia del Chaco, del jefe de la Policía. Es un listado de alrededor de 40 nombres, identificadas con nombre y con un rol, aunque las responsabilidades serían de alrededor de 120 a 150 personas”.
Si bien es un hecho ocurrido hace casi 100 años, sostuvo que el tipo de delitos ameritaría “cadena perpetua”, ya que involucra homicidios con sistematicidad y planificación.
“Hay una antropóloga que será testigo en el juicio, que hizo un trabajo sobre las informaciones de los periódicos de la época, de la información oficial de lo ocurrido indicando el ‘riesgo del malón’ y la ‘violencia de los pueblos indígenas’. El diario El Heraldo del Norte, que era de anarquistas chaqueños que debieron exiliarse a Corrientes para seguir editándose, al cumplirse un año de la masacre de Napalpí, hizo un ejemplar con una investigación sobre lo que había ocurrido. Es uno de los documentos históricos más importantes de la investigación, que fue aportado por Mariana Giordano, investigadora del Conicet y de la UNNE”, reveló.
Cronograma de audiencias
La titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, fijó el cronograma de audiencias testimoniales y alegatos y estableció la inscripción de manera virtual para quienes deseen presenciar las audiencias, dando prioridad a las comunidades indígenas.
La inscripción será a través de un formulario virtual para el público que desee asistir, así como también para la prensa. Podrán hacerlo desde hoy y hasta el viernes 18 de marzo, ingresando en el siguiente enlace: https://forms.gle/rbR59oUqeVqsdTNZ8
La resolución aclara que los cupos son limitados y que serán asignados en base al aforo de la sala de audiencias, con criterio dinámico y en base a los protocolos sanitarios vigentes, distribuidos de modo que exista participación equilibrada de distintos estamentos de la sociedad y priorizando a los miembros de comunidades indígenas.
De acuerdo a la resolución de la jueza, la audiencia de apertura será en la Casa de las Culturas de Resistencia el 19 de abril a las 8.00. La fecha elegida para el comienzo del debate coincidirá con el “Día del Aborigen Americano”, debido a la realización en México en 1940 del 1° Congreso Indigenista Interamericano, cuando los estados americanos suscribieron al Documento de Pátzcuaro.
En esa primera audiencia se realizarán los alegatos de apertura y se reproducirán registros audiovisuales del historiador Qom Juan Chico y de los sobrevivientes Pedro Balquinta y Rosa Grilo.
En el debate intervendrá la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay.
El 26 de abril, en el mismo lugar, se reproducirán las entrevistas a las sobrevivientes Melitona Enrique y Rosa Chara. A su vez, darán su testimonio Ramona Pinay, David García, Analía Noriega y los investigadores Mariana Giordano, Graciela Bergallo y Neri Tete Romero.
El 27 de abril, también en la Casa de las Culturas de Resistencia, se reproducirá el testimonio filmado de Felipa Laleqori y declararán los investigadores Pedro Solans, Teresa Artieda, Laura Rosso, Gabriela Barrios, Alejandro Jasinski, Rubén Guillón y Luciano Sánchez.
El 3 de mayo, en la Casa de las Culturas de Machagai, declararán los descendientes de sobrevivientes de la Masacre: Matilde y Salustiano Romualdo, Sabino Irigoyen, Cristina Gómez, Lucia Pereira, Cristian Enríquez y Guillermo Ortega; y los investigadores indígenas Qom y Moqoit Raúl Fernández, Raquel Esquivel, Gustavo Gómez, Viviana Notagay, Juan Carlos Martínez y Florencio Ruiz.
Luego, se realizarán dos audiencias en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el espacio por la Memoria de la exESMA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Serán el 10 y 11 de mayo. En la primera declararán los investigadores Marcelo Musante, Nicolas Iñigo Carrera, Jorge Ubertalli, Lena Davila, Alejandro Covello, Alejandra Aragón y Eva Nazar Gaulo. En la audiencia del 11 de mayo lo harán: Silvina Turner, Valeria Mapelman, Carlos Salamanca, Héctor Trinchero, Mariano Nagy, Diana Lenton y Eugenio Zaffaroni.
Finalmente, el 19 de mayo serán los alegatos de la fiscalía y las querellas en la Casa de las Culturas de Resistencia, provincia de Chaco.

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