El Poder Ejecutivo acompaña el proceso de reforma del Código Procesal Penal que se debate en una comisión creada por la Cámara de Diputados. El objetivo es lograr una reforma integral que garantice el acceso a justicia de los chaqueños y pone en evidencia el uso de las prisiones preventivas.
La subsecretaria de Justicia, Lourdes Polo Budzovsky se refirió a la Reforma del Código Procesal Penal de la provincia, un debate que se lleva adelante Cámara de Diputados del Chaco y en el que el Poder Ejecutivo provincial tiene interés en que se trate antes de que inicie la campaña electoral. “Es la oportunidad que tenemos de avanzar en una reforma que oriente al proceso penal hacia un proceso plenamente acusatorio y adversarial, donde la oralidad sea el motor de los procesos penales”, señaló la subsecretaria, quien adelantó que la meta del Poder Ejecutivo es lograr una reforma integral que garantice derechos tanto a las personas que se encuentran privadas de su libertad como las que atraviesan un proceso judicial como víctimas.
En ese sentido, aseguró que es necesario debatir sobre el uso de la prisión preventiva debido a que hace prácticamente tres décadas que constituye una de las áreas más deficitarias de la justicia penal y existen muchos instrumentos internacionales que obligan a revertir su uso. “La sobreutilización de la prisión preventiva es un problema endémico en la mayoría de los sistemas provinciales y regionales”, dijo la subsecretaría. Lo que se propone es un plan de racionalización del encarcelamiento preventivo, basado en tres medidas concretas: primero, la diversificación de las medidas cautelares para entregar una mayor cantidad de opciones al fiscal, defensor y el juez para asegurar la comparecencia y sujeción de la persona imputada al proceso judicial; segundo, la instauración de una audiencia oral y publica de carácter obligatorio para que en esa instancia las partes debatan sobre el riesgo concreto que representa la persona imputada y la medida más adecuada para neutralizarlo; y tercero, la creación de una Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas (OMAS) al interior del Poder Judicial, que tendrá como misión generar información de alta calidad sobre la situación personal de la persona imputada como así también garantizar que la medida cautelar que se dicte sea controlada.
Respecto de los plazos procesales, Polo Budzovsky asegura que los mismos “deben ser revisados” en los términos establecidos. Teniendo presente que deben correr para cada interesado desde su notificación, o si fueren comunes desde la última que se practicare debiendo ser perentorios y fatales para todas las partes, e improrrogables salvo aquellas excepciones previstas en la propia norma, bajo apercibimiento de la sanción procesal para el funcionario judicial que incumple los plazos.
Otras reformas necesarias
Por otra parte, el Poder Ejecutivo impulsa, a través del debate en la Legislatura provincial, una reforma íntegra en la Administración de Justicia creando dos instituciones nuevas: Colegio de Jueces y Oficinas Judiciales. Actualmente, el Poder Judicial de la provincia del Chaco es una herencia de la colonia española que es necesario poner en discusión. La estructura piramidal mediante la cual se encuentra organizado el Poder Judicial tiene relación con el hecho de que la potestad de juzgar le pertenecía al rey y por lo tanto éste lo delegaba en funcionarios inferiores. Este modelo no tiene ninguna relación con las exigencias y características de nuestro Estado de Derecho y el carácter republicano y liberal.
“Lo que proponemos es romper con la estructura verticalizada y jerarquizada del Poder Judicial y dotar de mayor eficacia al funcionamiento del mismo mediante la maximización del recurso humano juez”, aseguró la subsecretaria de Justicia. El juez tiene el deber de juzgar, dictar sentencia, no administrar recursos humanos administrativo, para mejorar eso, se planteó la conformación de Colegios de Jueces que agrupen a todos los jueces y las juezas de primera instancia, como otros colegios para los de apelación. “Esto permitirá que el tiempo de los jueces y las juezas esté dedicado exclusivamente a la función jurisdiccional y a garantizar que siempre exista un juez disponible para intervenir en las audiencias y así asegurar que éstas se realicen”, agregó.
Asimismo, esta incorporación del Colegio de Jueces hace necesaria la creación de Oficinas Judiciales porque “consideramos fundamental tanto para la justicia civil como penal, para que se encarguen de la labor administrativa de los Tribunales, dirigidas por personas que tengan un conocimiento demostrable en la gestión de recursos”, señaló.
La función administrativa del Poder Judicial es una tarea que debiese estar reservada para personal con experiencia en materia de gestión de recursos. Los jueces y las juezas debiesen encargarse exclusivamente de la función jurisdiccional. Es decir, debiese existir una separación de estas funciones para que cada quien se aboque a su ámbito de conocimiento y experiencia.
Es como si al cirujano le exigiéramos que reserve la sala de operaciones, contacte a los pacientes, prepare el material quirúrgico, etcétera. Llevado al ámbito judicial, los jueces y las juezas no debiesen estar preocupados por la gestión del trámite, la convocatoria a los testigos, la compra de insumos como resmas de papel o el otorgamiento de licencias al personal, indicó la funcionaria provincial. Estas son oficinas que existen en la mayoría de las provincias argentinas y en otros países de América Latina hace más de quince años y están dirigidas por personas que tienen un conocimiento demostrable en la gestión de recursos.